Una tradición argentina sobre la soberanía 

Frente al colonialismo y la injerencia extranjera: que no tiene grieta

La historia argentina está marcada por divisiones profundas. Unitarios y federales, conservadores y radicales, peronistas y antiperonistas, militares y revolucionarios; o bien y mal: izquierdas y derechas que han protagonizado conflictos que muchas veces parecieron irreconciliables. Sin embargo, por debajo de esas fracturas existe una tradición política que reaparece una y otra vez: la defensa de la soberanía frente a la intervención, la presión o la imposición de potencias extranjeras.

No ha sido una doctrina exclusiva de un partido ni de una corriente ideológica. Desde el siglo XIX hasta el XXI pueden encontrarse hombres y gobiernos profundamente enfrentados entre sí que, ante determinadas circunstancias, coincidieron en una misma idea: las diferencias internas no debían convertirse en una puerta de entrada para la dominación externa.

Uno de los ejemplos más notables fue el de Martiniano Chilavert y Pedro José Díaz. Ambos habían pertenecido al campo unitario y habían sido adversarios del rosismo. Sin embargo, terminaron incorporándose al Ejército de la Confederación al considerar que la lucha política interna estaba siendo respaldada por intereses y fuerzas extranjeras. Chilavert representa, quizá de manera extrema, esa actitud. Podía combatir políticamente a Rosas, pero consideraba inadmisible hacerlo acompañado por fuerzas foráneas. Por eso terminó luchando en Caseros junto al ejército federal. Su decisión sintetizaba una idea que aparecería repetidamente en la historia nacional: se puede ser adversario del gobierno sin convertirse por ello en adversario de la Patria.

Algo semejante se observa en la posición de José de San Martín durante el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata. El Padre de la Patria no era rosista en el sentido político del término. Sin embargo, cuando Francia y Gran Bretaña intentaron imponer por la fuerza condiciones a la Confederación Argentina interpretó el conflicto como una cuestión de soberanía nacional. La resistencia de la Vuelta de Obligado de 1845 se transformó así en algo más que un episodio militar. A pesar de la superioridad naval europea, la Confederación demostró que las grandes potencias no podían tratar a esta nueva nación sudamericana como un simple territorio sujeto a coerción. San Martín comprendió perfectamente esa dimensión. Por ello respaldó la resistencia argentina y legó su sable a Rosas, reconociendo explícitamente su defensa de la soberanía frente a la intervención extranjera.

En 1902, cuando Gran Bretaña, Alemania e Italia bloquearon Venezuela para exigir el pago de deudas, el canciller argentino Luis María Drago, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, formuló lo que pasaría a conocerse como la Doctrina Drago. Su principio era simple y poderoso: una deuda pública no podía justificar la intervención armada ni la ocupación territorial de un estado soberano. Argentina estaba afirmando así una concepción de las relaciones internacionales en la cual las naciones más débiles no debían quedar sometidas al poder militar de las más fuertes. Esa tradición continuó durante el siglo XX.

Cuando la ocupación estadounidense de la República Dominicana de 1920, un buque de guerra argentino protagonizó uno de los gestos diplomáticos más recordados de aquella época. Al arribar a Santo Domingo y no encontrar izada la bandera dominicana, el comandante argentino se negó a efectuar el saludo protocolar a la bandera de la potencia ocupante. El gesto fue sencillo, pero su mensaje era inequívoco: Argentina reconocía a la República Dominicana y no consideraba a la ocupación extranjera como sustituto legítimo de su soberanía.

Durante la Guerra del Chaco (1932-1935), entre Bolivia y Paraguay, la Argentina también desarrolló una política particularmente cercana a Paraguay. El conflicto tenía causas territoriales, estratégicas y nacionales complejas, pero sobre él pesaba además la presencia de importantes intereses económicos internacionales vinculados al petróleo. La presencia de Standard Oil en Bolivia, junto con las rivalidades empresariales y geopolíticas de la región, alimentó en parte de la opinión pública argentina la percepción de que el Paraguay se enfrentaba no solamente a Bolivia, sino también a intereses económicos internacionales de enorme peso. La diplomacia argentina mantuvo formalmente la neutralidad, aunque existieron vínculos políticos, logísticos y estratégicos significativos con Paraguay.

Con el paso de las décadas, esta concepción de soberanía encontró su símbolo más persistente en la Cuestión Malvinas. En 1964, el diplomático argentino José María Ruda, bajo la Presidencia de Arturo Ilia,  presentó ante las Naciones Unidas el histórico alegato que definió la ocupación británica de las islas como una cuestión colonial pendiente. Un año después, la Resolución 2065 de la Asamblea General reconoció formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y llamó a ambos países a negociar. Argentina había conseguido trasladar el conflicto desde la esfera bilateral al ámbito internacional de la descolonización. Pero el reclamo por Malvinas también generó acciones provenientes de sectores políticos muy diferentes.

Paradójicamente, una posición antiimperialista semejante puede encontrarse en una figura ideológicamente muy distante: Ernesto “Che” Guevara. El Che desarrolló una concepción internacionalista y revolucionaria completamente diferente del nacionalismo tradicional argentino. A pesar de ello, buena parte de su pensamiento político estaba construido alrededor de la oposición al colonialismo, al neocolonialismo y a la subordinación económica de los países periféricos. En su discurso ante las Naciones Unidas de 1964 denunció abiertamente las estructuras coloniales todavía existentes en África, Asia y América Latina. Guevara y los nacionalistas argentinos podían encontrarse en polos ideológicos opuestos, pero coincidían en un diagnóstico fundamental: la soberanía de los pueblos no debía quedar subordinada a la capacidad militar o económica de las grandes potencias.

El 28 de septiembre de 1966, Dardo Cabo y un grupo de jóvenes peronistas protagonizaron el llamado Operativo Cóndor, desviando un avión de Aerolíneas Argentinas hacia las Islas Malvinas. Allí izaron banderas argentinas y proclamaron simbólicamente la soberanía nacional. La acción fue ilegal y extremadamente arriesgada, pero expresó una idea que atravesaba diferentes sectores políticos: la presencia británica en Malvinas era considerada una forma de colonialismo incompatible con la soberanía argentina. 

Otro episodio particularmente revelador ocurrió durante la Guerra de Malvinas de 1982. Máximo Nicoletti, antiguo militante de Montoneros y especialista en operaciones subacuáticas, colaboró con sectores de la inteligencia naval argentina en la llamada Operación Algeciras. El plan consistía en atacar mediante explosivos navales a un buque británico en Gibraltar. La operación fue descubierta antes de poder ejecutarse. El episodio resulta extraordinario por su simbolismo: un antiguo integrante de una organización guerrillera que había combatido a la Armada Argentina terminaba colaborando con ella en una operación contra Gran Bretaña. Durante un instante, enemigos internos aparecían del mismo lado frente a una cuestión de soberanía nacional.

Con el retorno de la democracia, la Argentina trasladó definitivamente la cuestión al terreno diplomático y jurídico. Radicales, peronistas y posteriormente gobiernos de orientaciones muy diferentes mantuvieron el reclamo. En la reforma constitucional de 1994, la cuestión Malvinas quedó incorporada como una política permanente del Estado argentino. La Constitución establece que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, dentro del respeto al derecho internacional y al modo de vida de sus habitantes.

Y es precisamente en el siglo XXI donde esta continuidad ofrece quizá una de sus demostraciones más interesantes. El gobierno de Javier Milei, identificado doctrinariamente con el liberalismo y con una política exterior de fuerte acercamiento a Estados Unidos y al mundo occidental, parecía inicialmente encontrarse bastante lejos del lenguaje histórico del nacionalismo argentino y del antiimperialismo latinoamericano. Pero con particular claridad durante 2026, el gobierno de Milei endureció considerablemente su posición con respecto a las Malvinas frente al proyecto petrolero Sea Lion. Impulsó procedimientos jurídicos y comerciales para sancionar empresas y personas vinculadas con actividades de explotación de los recursos naturales en las islas promoviendo un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Por cadena nacional el 3 de septiembre de 2026 sentenció que “Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional.” Veinte días después, ante la Asamblea General de la ONU, reiteró la proclama y reclamó nuevamente al Reino Unido la reapertura de negociaciones. 

Probablemente allí se encuentre una confirmación particularmente interesante de la tesis central de este recorrido histórico. El hecho es que un gobierno libertario y políticamente muy alejado de las tradiciones nacionalistas o antiimperialistas argentinas terminó definiéndose, ante una situación colonial concreta, en defensa de la soberanía argentina. Esto hace que el ejemplo sea más significativo, porque vuelve a demostrar que la cuestión de la soberanía argentina puede atravesar posiciones ideológicas que, en casi cualquier otro terreno, se encuentran en las antípodas. Allí reside quizás uno de los rasgos más interesantes de nuestra historia.

San Martín estaba alejando de las luchas internas pero respaldó a Rosas, y Chilavert había sido unitario. Drago pertenecía a la diplomacia de la Argentina conservadora. Dardo Cabo era peronista, y Guevara marxista. Nicoletti había sido montonero y Milei es libertario. No existe entre ellos una continuidad ideológica, pero sí existe una continuidad histórica. Todos aparecen, en contextos completamente diferentes, alrededor de una misma pregunta: ¿hasta dónde puede una potencia extranjera imponer su voluntad sobre una nación soberana? Por eso quizá sea más preciso hablar de una tradición argentina de soberanía y no intervención que de una tradición exclusivamente antiimperialista.

La defensa de la soberanía argentina es cosa bien antigua. La Argentina ha vivido durante dos siglos dividida por sus propias grietas. Pero nuestra historia demuestra que, en determinados momentos, argentinos provenientes de posiciones políticas completamente opuestas han reconocido que existe una frontera que las disputas internas no deberían atravesar. Porque podemos discutir sobre nuestros gobiernos. Podemos discutir sobre nuestros partidos. Podemos discutir sobre nuestra historia. Podemos incluso discutir sobre qué Argentina queremos construir. Pero hay una pregunta que atraviesa dos siglos de historia nacional:

¿Debe una nación aceptar que otra decida su destino simplemente por ser militar, política o económicamente más poderosa? Tal vez esa sea una de las pocas tradiciones capaces de atravesar nuestra histórica grieta: decimos siempre que No.

Néstor Borsuk