Uno de los problemas que se está instalando en la sociedad como mal endémico es la inseguridad, con sus secuelas de crímenes, violencia y muerte. Se puede decir literalmente que “la sangre llegó al río” pero aún así nadie se anima a ir a fondo con el problema.
Se discute sobre equipamiento, centro de monitoreos, tecnología, modernización, pena de muerte, bajar la edad límite de penalización para los menores que cometen delitos, se piden mayor control sobre la policía, se hacen “mapas del delito”, se utilizan argumentos serios o de campaña que se mezclan con todo tipo de propuestas hechas por pseudo expertos, o por expertos, a los que los medios les prestan el micrófono siempre que se expresen de forma “políticamente correcta”.
Mientras tanto la criminalidad crece como epidemia, con la droga como elemento esencial de contagio. Sin embargo aún así, un ex ministro de seguridad y hoy jefe de gabinete, como también miembros de la Corte Suprema, proponen la despenalización de la tenencia de drogas. El panorama para el hombre común que teme por su familia, por sus afectos y sus bienes, sigue siendo sombrío.
Lo cierto es que ante esta realidad no hay más remedio que el que él mismo pueda darse, porque sea de la clase social que sea, está expuesto a ser una nueva víctima, un nuevo nº de estadística no contabilizado por los organismos oficiales. Entonces aparecen muros, alambres electrificados, cámaras de televisión que monitorean en tiempo real, rejas en las casas, empresas de seguridad privadas que solicitan documentos a los ciudadanos en consorcios y oficinas que toman huellas o sacan fotos digitales.
Ya no es el estado, no es la nación a través de instituciones u organismos competentes, sí son corporaciones comerciales que avanzan sobre la privacidad y los derechos individuales de las personas como una especie de “gran hermano”. De esta forma aparecen bancos de datos de personas decentes en manos de grupos privados. Lo que la nación no hace a través del estado lo hacen otros. La sociedad con sus temores acepta esto como mecanismo de prevención; resignada en medio de esta crisis de seguridad.
Mientras tanto, el progresismo defiende los derechos y garantías individuales de la delincuencia, negándole a la policía y a las Fuerzas de Seguridad la posibilidad de prevenir haciendo inteligencia criminal sobre bandas de delincuentes de todo tipo que asolan el país. Bandas compuestas en un 95% la mayoría por reincidentes y que, por lo tanto, con una inteligencia y control adecuado serían fáciles de detectar. Sin embargo hay un discurso “políticamente correcto” que consiste en atacar a las instituciones y vaciarlas de su razón de ser, discurso que comparte la clase política en general salvo excepciones, que en época de elecciones suelen, por demagogia, pedir mano dura y bala para los delincuentes, como si la solución consistiese solo en matar.
En general todos coinciden en que la falta de educación, de trabajo y de oportunidades son las causas principales de que haya tanta delincuencia, pero esto lo repiten como si se tratase de otro país al que ellos no hubiesen gobernado nunca ni tampoco votado las leyes que nos han llevado a la crisis de seguridad que el país hoy padece.
Con este panorama trataremos en estas reflexiones, siendo “políticamente incorrectos”, encontrar las principales causas a la inseguridad y proponer soluciones en la medida de nuestras posibilidades:
Causas principales
El Garantismo que como doctrina jurídica juega con la dialéctica de autoridad contra derechos y garantías individuales. Esta doctrina jurídica hay que verla dentro de la doctrina de guerra social que se aplica a la Nación para la descomposición del Estado Nacional. Se le niega el ejercicio de la autoridad a las FFSS y PP so pretexto de evitar abusos de autoritarismo, y de esta forma se le niega al Estado ejercer la autoridad en defensa de la vida, familia y bienes del ciudadano. Mientras tanto la autoridad queda en manos de las capacidad que tenga el delincuente de aterrorizar a sus víctimas.
Con la misma idea –del garantismo- no le permite a la policía hacer inteligencia criminal preventiva sobre bandas de delincuentes, que por lo general son reincidentes (95%) y que una vez obtenida la libertad se reorganizan para continuar su vida delictiva. Actualmente la policía y los servicios penitenciarios quedan imposibilitados de hacer un seguimiento sobre la reinserción o no de ex convictos en la sociedad.
No se puede hacer prevención cuando se la limita a la policía a actuar solo en el momento de reprimir, o sea, de solo cuando encuentra al delincuente “in fraganti”.
Como vemos, el garantismo va más allá de la liviandad de penas que se aplican a los criminales, si no que llega a los modos de reprimir al delito. Los “garantistas fundamentalistas” son de alguna forma “copartícipes necesarios” de cada delito que se comete.
Las Políticas del Banco Mundial
Este organismo interviene en las políticas públicas de los países en desarrollo de forma casi extorsiva. Sobre todo en aquellas que son vitales y que tienen efecto inmediato sobre la población, como son la salud, seguridad, defensa, educación, acción social y el desarrollo.
Es interesante ver la coincidencia que tanto sectores de izquierda como liberales acompañan a estas propuestas. Los primeros porque las políticas promovidas tiene un claro sesgo ideológico y los otros por su sesgo economicista.
Es así que en salud y educación promueven el control de la natalidad a través del aborto, los anticonceptivos o el uso de profilácticos, como si las políticas maltusianas fuesen la única forma que conocen de combatir la pobreza cuando la realidad nos dice que aquellos países como China, la India y Brasil crecen y se desarrollan, entre otras cosas, por su alta tasa de natalidad.
Pero se puede decir que estas políticas maltusianas van más allá de la salud o la educación. Tienen que ver con la descentralización del estado y la tercerización de los servicios. Con ver los efectos de estas políticas con su secuela de desplazados, aparición de enfermedades que se creían desaparecidas, bajo nivel de educación pública, muertes por causa de la violencia e indefensión de los estados frente a las amenazas internas u externas, se ven así claros los resultados:: desamparo, muerte y desolación.
Así las cosas, el ciudadano común y su familia han sido los más afectado. En lo que respecta a la seguridad, que es el tema que nos ocupa, aquí también la propuesta del BM ha sido la descentralización y la tercerización. Con la descentralización se han creado policías departamentales, policía 1 y 2, además de darle a la justicia a través de fiscalías, la intervención en actividades de investigación típicamente policiales. Todo esto en desmedro de la unidad de comando, comunicación y control, afectando seriamente la capacidad operacional de las fuerzas policiales a la hora de enfrentar una criminalidad cada vez más organizada a través de un mismo modus operandi y decidida a todo a base de la droga. Hoy en la misma ciudad de Buenos Aires ya hay dos policías para reprimir la delincuencia. A esto se le suma la privatización de la prevención a través de empresas de seguridad privada.
Como en la salud o en la educación dentro de las propuestas del BM, el hombre común tendrá una buena seguridad solo si la puede pagar. Todas estas reformas se hacen con créditos del Banco Mundial, mientras tanto los medios y las estadísticas, aún las oficiales, muestran un aumento de la inseguridad.
Es cierto que muchos funcionarios y políticos pueden estar confundidos, tanto que los hay quienes han propuesto elegir a los comisarios y hasta lo jueces, como si el voto, a la luz de estos últimos 25 años asegurase idoneidad y probidad. Pero también, además de confundidos, los hay políticos deshonestos que lucran mientras endeudan al país, aplicando políticas que van por un camino inverso a lo que el sentido común indica.
Los sectores de Izquierda
Si el garantismo le da una especie de cobertura legal al delincuente, le pone trabas al accionar policial y facilita la reincidencia de lo criminales evitando la recuperación de los mismos; las políticas públicas promovidas desde el Banco Mundial y desde organismos internacionales, desarticulan al estado y a sus instituciones rompiendo la unidad de comando, control, comunicación y logística en la lucha contra el delito, al superponer funciones, diluyendo así responsabilidades al atomizar el necesario control de las FFSS y Policiales para evitar casos de corrupción o de excesos en la represión del delito. De esta forma no solo se recorre un camino inverso al buscado si no que se entra en una confusión general.
Mientras esto sucede la izquierda revolucionaria en general, y el llamado progresismo, no cesan de atacar las instituciones policiales y toda idea de autoridad, orden y jerarquía. Lo hacen sutilmente y brutalmente. Vemos lo primero en los medios de comunicación masiva donde está instalado lo de «maldita policía” y en las calles lo segundo, con la actitud desafiante de las “organizaciones sociales” que ocupan avenidas, viviendas, predios y fábricas sin que nadie dé ordenes claras para poner fin a este estado de cosas. Cuando no suceden casos de linchamientos públicos en barrios carenciados, llevados a cabo por turbas aparentemente fuera de control, que incendian casas de supuestos delincuentes sin que la policía intervenga por falta de órdenes y procedimientos cuando se trata de la alteración del orden público. En estos casos los medios jamás recalcan que también así se cometen delitos. De esta forma organizaciones barriales preparadas para la guerra social reemplazan el poder punitorio del estado. Todo esto es una invitación a la anarquía y a la creación de estados dentro del estado.
La actitud de los grupos de izquierda revolucionaria frente al delito se enmarca dentro de la guerra social.
Es interesante ver como desde la “Universidad” de las Madres de Plaza de Mayo se justifica toda clase de delitos aberrantes como lo hace el parricida Sergio Shoklender, -hoy catedrático de esa universidad- de forma pública sin que nadie lo acuse de apología del delito al decir: “El discurso liberal, cristiano, evangélico, reaccionario (y podríamos seguir) de que la violencia es mala, de que la violencia solo engendra violencia, de que es necesaria la paz, de que los hombres son buenos… La experiencia de América latina -del mundo, pero de América Latina es lo que mas conozco- de los últimos diez años demuestra que solo aquellas organizaciones y movimientos que han podido transformar la violencia social en violencia revolucionaria, en organizaciones combativas han podido ser escuchadas y han podido sentarse en una mesa de igual a igual a negociar… El ejemplo mas importante es el ejemplo de las FARC en Colombia…” “Nosotros -agrega- tenemos que lograr transformar esa violencia individual en una violencia organizada”.
Es fácil comprender cuál es la posición de estos sectores frente al delito y el porqué de esta posición. Va más allá de la venganza contra las instituciones que los combatieron, si no que sueñan también con un futuro, en esta nueva etapa de la guerra revolucionaria que es la guerra social. Donde el Lumpen despreciado por el mismo Marx, va a tener parte activa. Basta con recordar la actitud de las Madres de Plaza de Mayo y del mismo Shoklender en el trágico Motín de Sierra Chica en marzo del 1996. Motín que estuvo unido a otros motines en cárceles de toda la región y en Europa donde siempre junto a los delincuentes estaban las llamadas “organizaciones sociales”.
No es una novedad que hay un intento de reclutar a los nuevos “jóvenes idealistas” en las cárceles y en las villas como ya lo hace las FARCS, Sendero Luminoso, Al Qaeda, o el Comando Vermelho (rojo) que opera en Brasil. Tampoco es una novedad que todas esta organizaciones subversivas son carteles del narcotráfico, y que hay indicios de que utilizan algunas de las “organizaciones sociales” para lavar dinero.
Es así que la izquierda que suele presentarse como honesta y solidaria, intenta darle sustento ideológico a la delincuencia ante al pasividad de la sociedad en general y de la clase política en particular. También intenta reclutar, como lo hizo efectivamente en el asalto al Regimiento 3 de infantería en la Tablada, a desplazados como nueva carne de cañón para sus propósitos revolucionarios, los que muchas veces se ven defraudados por el afán consumista del delincuente que busca “las Nike” de la misma forma que compran los burgueses la camiseta con la cara del Che Guevara.
Soluciones
El breve diagnóstico sobre las causas principales de la inseguridad pública nos indica que el camino que conduce a la solución es el contrario a lo que se ha venido recorriendo, donde la pérdida del sentido común parece ser un triunfo del Granscismo -que con el ataque a toda autoridad y a la familia- a la hora de aplicar medidas está dando los frutos amargos después de 25 años de su aplicación ininterrumpida.
Como en todo problema, para la inseguridad también se requieren soluciones de largo plazo, mediano y corto plazo, pero que deben ser tomadas para no encontrarnos en situaciones parecidas a las de México o Brasil, donde la presencia de las FFAA en la represión del delito no bastan para poner fin a la violencia de forma inmediata, si no que por el contrario, parecen acrecentarla.
De corto plazo:
- Unificar el sistema de represión asegurando la unidad de comando, control, comunicación y logística en cada policía provincial y en la Policía Federal.
- Crear un banco nacional de datos sobre reincidentes con acceso a todas las comisarías y delegaciones policiales en todo el país con el perfil, datos personales, modus operandi de ex convictos para su vigilancia y seguimiento de sus comportamientos. En épocas de avances tecnológicos constantes es fácil tener acceso a este tipo de información actualizada y controlar al que la requiere.
- Hacer Inteligencia Criminal Preventiva (seguridad activa) permitiéndole a las policías que actúen de oficio con las seguridades jurídicas del caso tanto para la policía como para el delincuente. A los delincuentes hay que irlos a buscar antes de que cometan el delito. Pretender reprimirlos solo in fraganti es darles la ventaja de la sorpresa táctica. Es necesario actuar sobre reductos que solo son inexpugnables porque no se ordena allanarlos en forma masiva.
- Crear una reserva policial con personal de las empresas de seguridad privada a los efectos de utilizarlos en determinadas circunstancias como puede ser la necesidad de allanamientos masivos donde se necesita personal. Este personal de reserva debe ser instruido, seleccionado y preverle un subsidio de acuerdo con su instrucción a ser pagado solo cuando se lo utiliza.
- Jerarquizar las policías: Es necesario diferenciar claramente la misión del oficial, el suboficial y el agente. Es necesario que tengan la instrucción adecuada dentro de sus responsabilidades. El orden jerárquico debe ser respetado. Debe haber institutos de oficiales, suboficiales y tropa. Con escuelas para distintas especialidades. Importar usos y costumbres que son ajenas a nuestra idiosincrasia son retrasos a la hora de tomar medidas concretas. El problema de la inseguridad es demasiado grave como para se pierda el tiempo en efectos publicitarios.
- Replegar tanto Gendarmería Nacional como la Prefectura Nacional a sus tareas especificas como son la de seguridad de fronteras marítima y fluvial. Tanto las fronteras terrestres como marítimas y fluviales son vías de penetración del contrabando de armas, el narcotráfico y el tráfico ilegal de personas. No se pueden dejar resquicios.
- Autorización a la Fuerza Área a derribar aeronaves que penetren el espacio aéreo nacional sin identificarse o que no respondan a las indicaciones de los pilotos militares. Esta acción debe ser de oficio y no esperar la acción de un juez ya que debe considerársela una posible acción de guerra. El narcotráfico es guerra química.
De mediano Plazo:
- Reforma del Código Penal: Deben aumentarse las penas en los delitos más comunes, sobre todos en aquellos que le permiten una base logística al delincuente. Robo de autos, ocupación ilegal de viviendas, robo de medios de comunicación, (celulares y computadoras) tenencia ilegal de armas. No se puede privar al ciudadano honesto de poseer armas de forma legal cuando se sabe que los delitos, en la inmensa mayoría de los casos, se cometen con armas poseídas ilegalmente.
- Debe penarse el consumo de estupefacientes, llevando al que consume a centros especiales de rehabilitación. Clasificando estos centros por la reincidencia de los afectados. La droga mata, no solo por los daños cerebrales que genera a los drogodependientes si no de diversas formas. Ya sea porque la misma compele al delito o porque las bandas de narcotraficantes matan a mano armada.
- Debe reformarse el sistema carcelario: Debe dividirse por peligrosidad a los delincuentes, por reincidencias y por penas. La pena debe prolongarse en libertad con una vigilancia de la reinserción del reo. Los distintos servicios penitenciarios deben hacer inteligencia criminal sobre los ex convictos y las bandas a los que pertenecieron, y tienen además que conformar un sistema inteligencia conjunta con las FFSS y Policiales en todo el país.
- Deben construirse nuevas cárceles: para terminar con el hacinamiento inhumano y para dividir según la peligrosidad, la reincidencia, o los avances -o retrocesos- en el comportamiento de los reclusos. Deben crearse cárceles fábricas o talleres para lograr una recuperación de los mismos por el trabajo. No es tan importante que sigan carreras universitarias los reclusos como que tomen el habito y el conocimiento de las nuevas formas de trabajo manual.
- Debe constituirse una fuerza especial: para la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas. Esta fuerza debe se conjunta entre las distintas policías del país pero con personal especializado. La idea en estos casos debe ser siempre unificar criterios y doctrina para no diluir responsabilidades y esfuerzos. Tiene que tener logística y comando unificado y operar en la búsqueda y persecución de narcotraficantes, aislando e impidiendo el accionar de los mismos.
De largo plazo
- Familia: Uno de los problemas más graves de la sociedad actual es la desaparición de la familia de orden natural. En la familia un chico empieza a reconocer la autoridad, la jerarquía y el orden. Obtiene las nociones de lo que es bueno y de los que es malo y conoce a Dios de boca de la madre. Se siente contenido y aprende a alimentarse convenientemente. La familia debe ser defendida si no queremos tener una sociedad de “guachos” sin afectos y buenos hábitos. Hay que promoverla y consolidarla con medidas sociales adecuadas. La familia tiene que tener más derechos que el individuo aislado. La inseguridad no es solo un problema de educación como dicen algunos progresistas, es fundamentalmente un problema de formación, una formación que solo la puede dar una institución: la familia.
- Trabajo.: En función de la familia el trabajo también debe ser defendido y protegido. Todas las teorías economicistas de la competitividad y de las aperturas de mercado deben estar sometidas al orden moral que solo lo puede dar una política del Bien Común. No se trata de negar avances tecnológicos ni la modernización, ni nuevos sistemas de comercialización, por el contrario, se trata de defender la industria nacional incorporando tecnologías pero priorizando la necesidad de que cada ciudadano necesita un trabajo digno para que se cumpla aquello de “ganarás el pan con el sudor de tu frente”. Es necesario priorizar el trabajo real si se quiere terminar con la degradación moral a la que está expuesta gran parte de la población. Es necesario reconstruir el entretejido social.
- Educación: mucho repite el progresismo de que el problema fundamental de la violencia y la inseguridad pública es la falta de educación y la pobreza. Como si ellos no hubiese manejado la educación cumpliendo los designios de FLACSO estos últimos 25 años. Han aplicado políticas gramscianas. El filósofo comunista italiano Gramsci creía en la necesidad de destruir la familia para romper las tradiciones religiosas, cambiar el sentido común e imponer el comunismo. No sabemos si por este camino se podrá imponer el comunismo en que creía Gramsci, lo que sí sabemos es el daño que se le está causando a la civilización cristiana. Basta con remitirnos a los efectos de la aplicación de políticas gramscianas en nuestro país. Creemos que si de educación se trata, debe haber una buena escuela primaria si queremos tener una buena secundaria y una buena secundaria si queremos mejorar la enseñanza universitaria. No se trata de que haya pocos o muchos bachilleres. Se trata de que las escuelas no se transformen en semilleros de frustrados. La escuela debe capacitar para el trabajo al alumno desde la primaria y en destinas etapas. No solo con conocimientos teóricos y prácticos si no que también es necesario educarles la voluntad, el hábito del esfuerzo y la búsqueda de la perfección. Eso solo se consigue en un ámbito de orden y jerarquía, donde se estimula la inteligencia, el trabajo y el bien. Más que bachilleres y universitarios el país necesita gente útil para que no aumente la masa de jóvenes sin destino que vemos en las esquinas de nuestras calles y que son presa fácil de la delincuencia, la droga y la muerte.
Por último
Las soluciones a la inseguridad pública no son difíciles de aplicar, tanto en el corto plazo, como en el mediano o el largo plazo, siempre que haya buena voluntad de la clase dirigente. Todas son medidas de sentido común que se podrán optimizar o agregar otras. Lo cierto que todas deben comenzarse al mismo tiempo. Ya que unas se sustentan en otras, que de lo contrario nos vamos a encontrar con efectos benéficos, pero pasajeros.
Los peligros que enfrentamos como nación son muchos, delincuencia, guerra social, desarticulación del estado, aumento de a pobreza. En la Argentina hay una masa crítica de familias y gente decente que no ha perdido el sentido común. La prueba es la cantidad de argentino que se dedican a actividades solidarias. Es importante empezar a reunirlas a esas familias, organizarlas y movilizarlas en defensa del Bien Común. Nuestra Esperanza está puesta en Dios.
Patricio Videla Balaguer
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