La guerra continua

Desde los albores de la patria, solo 17 años de paz (1816-1833)

Desde el 14 de junio de 1982, la Argentina se mostró rendida. Pero aquella fue una batalla perdida, no la guerra: una causa perenne atravesada por la coyuntura de una derrota. La historia demuestra que incluso las guerras por la Independencia exigieron perder batallas antes de alcanzar la victoria.

Tras el silencio de los cañones llegó la vergonzosa desmalvinización, impulsada por una clase política que, cínicamente, confundió la gesta con el gobierno de turno. Sin embargo, el patriotismo comprendió que Malvinas forma parte de una confrontación histórica con el colonialismo británico. Los Acuerdos de Madrid de 1989 y 1990 -inmediatamente posteriores al ataque internacionalista al regimiento de La Tablada- significaron una nueva capitulación y el desmantelamiento de capacidades militares e industriales. De allí surgió el levantamiento «carapintada» del 3 de diciembre de 1990, encabezado por el coronel Mohamed Alí Seineldín (VGM). La reforma constitucional de 1994 incorporó luego una cláusula transitoria que reafirma los derechos soberanos argentinos, aunque renuncia al uso de la fuerza: una apelación a las palabras frente a un enemigo que históricamente ha recurrido a ella.

Con el tiempo, la desmalvinización fracasó. Porque no hizo falta recurrir a los libros de historia para mantener viva la memoria de las hazañas y del heroísmo patrio de nuestros soldados: muchos de aquellos héroes todavía viven entre nosotros.

Malvinas tampoco puede reducirse a una cuestión partidaria. Una verdadera política de Estado coloca los intereses de la Nación por encima de los gobiernos de turno. Y la agresión británica continúa mientras tropas extranjeras permanezcan en territorio nacional.

La identidad argentina comenzó a forjarse con la Reconquista y Defensa de Buenos Aires de 1806 y 1807 y con la guerra del Paraná de 1845 contra ingleses y franceses. Pero el conflicto del Atlántico Sur se remonta al 3 de enero de 1833, cuando Gran Bretaña expulsó al gobernador argentino, a la pequeña guarnición militar y a nuestros pobladores de Malvinas, ocupó las islas por la fuerza e implantó una nueva población. La posterior negación de aquellos hechos sostiene un argumento colonial basado en la fuerza y, en ausencia de fundamentos jurídicos sobre las islas, en una interpretación de la autodeterminación que desconoce su origen.

Si la población implantada pudiera decidir por sí sola el destino del territorio, se estaría admitiendo que ese territorio le pertenece. El argumento resulta tan absurdo como pretender que argentinos residentes en una ciudad británica pudieran decidir su anexión a la Argentina.

El 2 de abril se recuerda al Veterano y el 14 de junio, más recientemente, como Día de la Máxima Resistencia, en homenaje al esfuerzo de nuestros soldados. Pero esta última fecha también puede ser entendida como la Segunda usurpación británica: una Nación no está vencida mientras conserve su causa y la voluntad de recuperar el territorio que sabe que le pertenece.

Por eso generó expectativas la cadena nacional del 3 de septiembre de 2026, en la que el presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, anunció ante los argentinos y el mundo:

Sanciones económicas, comerciales y judiciales para petroleras que exploran en el territorio en disputa y para las empresas asociadas; la creación de una base naval en Ushuaia —capital de las Islas Malvinas— y un Consejo de Seguridad Nacional.

El anuncio trasciende las Malvinas e involucra también a las Georgias del Sur (San Pedro) y Sandwich del Sur (Esquivel), además del inmenso espacio marítimo circundante y la proyección antártica. Una mirada sobre el mapa permite comprender la magnitud territorial/martítima de la disputa.

La soberanía argentina sobre esos territorios es presentada como irrenunciable, sin excluir negociaciones con intervención de terceros. La Operación Rosario de 1982 buscó recuperar las islas sin provocar bajas británicas, para sellar finalmente una negociación. Pero mientras todavía existía esa posibilidad —y debe reconocerse el valioso esfuerzo del Perú—, Gran Bretaña hundió el crucero General Belgrano y dejó que las armas decidieran el conflicto. La guerra estuvo cerca de ser ganada pese a los imperdonables errores de conducción militar.

El anuncio de 2026 representa, en este sentido, una decisión que va más allá de la coyuntura partidaria: establece ante el mundo una posición y reafirma una política de Estado. Si la presencia militar británica constituye una agresión permanente, también deben considerarse las responsabilidades de quienes facilitan su logística. Las sanciones podrían extenderse a quienes colaboren con la ocupación y a quienes, desde gobiernos argentinos anteriores, y traicionando a la patria, contribuyeron al desarme de las capacidades de la defensa nacional.

La respuesta tampoco tiene por qué limitarse al Estado. Como durante las Invasiones Inglesas, el sector privado y los argentinos dispersos por el mundo pueden encontrar formas de contribuir a la causa. El antecedente de Bouchard, que durante la Guerra de la Independencia golpeó los intereses españoles en distintos puntos del mundo, y la visión de San Martín, que entendió que la libertad argentina exigía también la de los pueblos hermanos, forman parte de esa tradición. Los países vecinos que faciliten los intereses británicos tampoco deberían quedar al margen de las consecuencias.

La Argentina no está en guerra contra el pueblo inglés, sino enfrentada a una dirigencia que mantiene una ocupación y explota recursos que pertenecen al futuro del Cono Sur. En este contexto, la guerra puede entenderse como un conflicto continuo de desgaste, incluso en una dimensión híbrida como la que representó la desmalvinización. De allí la necesidad de pasar de los eslóganes –como la bandera desplegada por nuestros jugadores en el último mundial de fútbol– a una política efectiva de defensa de los intereses nacionales.

La causa de Malvinas es nuestra causa madre porque la integridad territorial constituye uno de los principios fundamentales de toda Nación y porque, como ha señalado el propio presidente, la pérdida de recursos compromete la supervivencia de nuestro país. Malvinas y la Antártida representan, así, una misma cuestión de soberanía y futuro.

La cláusula transitoria de la Constitución invita a resolver la disputa por medios pacíficos. Pero la paz no debería confundirse con resignación. Si la Argentina recupera la potencia que alguna vez tuvo, deberá estar en condiciones de hacer valer sus intereses y lograr que sean respetados.

Quizá llegue el momento de reformar nuevamente la Constitución o, finalmente, de conseguir que Gran Bretaña abandone el territorio argentino y rinda cuentas por su ocupación. Entonces quedará demostrado que la Nación se sostiene sobre principios que la trascienden y sobre el legado de los Padres de la Patria.

Y todo ello deberá hacerse también para honrar el silencio ensordecedor del cementerio de Darwin, al sudeste de nuestra amada Argentina.

Redacción Argentina Semper